Jorge Unda, experto en cuencas hidrográficas, informó que el Estado irrespeta las Áreas Bajo Régimen Especial (Abrae), en las que se ubican los parques nacionales y las zonas protegidas adyacentes a las cuencas hidrográficas, a pesar de ser un marco legal vigente desde 1977

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La participación del presidente Nicolás Maduro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que se desarrolla en Egipto, ha causado estupor entre investigadores y defensores del ambiente, porque consideran que Venezuela está “raspada” , en materia de políticas públicas que permitan mitigar y adaptarse al cambio climático . Aseguran que tampoco existen planes actualizados para reducir los gases de efecto invernadero, que alteran la temperatura del planeta.

La nación que en 1977 obtuvo reconocimiento mundial por crear el Primer Ministerio del Ambiente de Latinoamérica, hoy lidera la lista de los informes que detallan uno de las mayores devastaciones ambientales del mundo. María Gabriela Hernández, presidente de la comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (2015), destacó que en octubre Venezuela salió reseñada en el informe de la ONG Clima 21, al haber perdido en los últimos 21 años 2.289.834 hectáreas de bosques , superficie equivalente a 47 veces el tamaño de la ciudad de Caracas.

“Somos el país de la Amazonía que con mayor rapidez y con mayor extensión estamos perdiendo bosques, que son esenciales para la conservación del bioma, pero la absorción de los gases de efecto invernadero, que es el principal objetivo del Acuerdo de París, firmado por el Estado Venezolano en 2015. Esta destrucción de bosques se da por todo lo que ha sido el Arco Minero del Orinoco, donde se practica minería no controlada y se utiliza mercurio, pero también por el sílice y el carbón que se explota en el estado Zulia, resaltó.

El 20 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, sobre Venezuela, presentó un informe donde describen las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se han cometido desde 2016 en el Arco Minero del Orinoco . Una extensión territorial de 113.597 kilómetros, equivalente a la mitad de la dimensión del estado Bolívar.

“La política minera del régimen, ha llevado a desplazamientos de comunidades indígenas completas, como el caso de la comunidad Waraos, que producto de la violencia en el Arco Minero del Orinoco, el 75% de esta etnia se encuentra en Brasil. La utilización del cianuro y el mercurio producto de la política minera ha contaminado el agua de parte del Caroní y el Caura. El primero nos proporciona electricidad a todos los venezolanos. Adicionalmente tanto La Misión de la ONU como la Fundación InSight Crime, han denunciado que los estados del sur de Venezuela tienen presencia de guerrillas como Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya actividad fundamental es el tráfico de droga y la explotación del oro, que conlleva a la destrucción del ambiente y a la violencia desatada”, reseñó la parlamentaria.

Crimen petrolero José Ramón Delgado, oceanógrafo, destacó las consecuencias que ha generado los derrames petroleros en costas venezolanas de Zulia, Falcón y Carabobo, y en zonas como el Lago de Maracaibo y el río Guarapiche en Monagas.

“Desde 2020 ha habido una serie de derrames de petróleo proveniente de refinerías y de tuberías que transportan petróleo que atraviesa el Golfo de Coro en Falcón, por las refinerías Cardón y Amuay, que llegan a tierra firme en Zulia y a Puerto Cabello-Morón en la refinería El Palito. Las refinerías están destruidas por la falta de mantenimiento y de personal especializado. Eso ha provocado que los derrames petroleros sean a diario” , exclamó Delgado.

Expresó que la deuda ambienta más grande del país es con el Lago de Maracaibo, que tiene elevados niveles de contaminación, que en septiembre de 2021 reveló la NASA en imágenes satelitales. La extensión de este lago es de 13.000 kilómetros cuadrados y desde hace años se ha convertido en una marea negra llena de algas.

“Desde 1914 cuando inicio la explotación petrolera en Zulia, el fondo del Lago de Maracaibo está plagado de tuberías que llevan y traen petróleo, y lamentablemente la industria en el siglo pasado nunca se preocupó por el cuidado del ambiente, ahora quebrada tampoco lo hace. Transcurrieron muchos años donde si esas tuberías se dañaban, simplemente las cerraban, pero no las reparaban o retiraban. El fondo del lago está lleno de tuberías que a medida que se van corroyendo van soltando petróleo”, explicó.

El 15 de octubre fue reseñado por medios de comunicación nacional, la muerte de un flamenco cubierto de petróleo en el Lago de Maracaibo, porque en esa zona se ha modificado el ecosistema, acabando con aves y miles de especies marinas.

“Hemos solicitado a PDVSA una respuesta pero no ha habido opinión alguna. Al Ministerio de Ecosocialismo no le importa el daño que están ocasionando los derrames petroleros. Y lo peor es que los investigadores y científicos estamos de manos atadas. No se nos permite hacer investigaciones de campo para tomar muestras y evaluar la magnitud del año ecológico”, denunció Delgado.

Sin datos Alicia Villamizar, bióloga y secretaría de la Académica de Cambio Climático, informó que desde 2010 el Gobierno no emite información sobre la medición de los gases del efecto invernadero. “Todo lo que el régimen diga en la COP27, genera desconfianza porque aquí no hay datos”, soltó.

Asegura que Venezuela no tiene un plan nacional de cambio climático, ni un plan para la mitigación de los gases del efecto invernadero ni adaptación. “No tenemos las comunicaciones nacionales sobre cambio climático que se deben emitir cada cuatro años. Sólo han publicado dos, la última en 2017. No sabemos el nivel de gases de efecto invernadero que emiten las industrias, ni el parque automotor, ni las residencias, ni mucho menos los vertederos a cielo abierto que se han creado por el mal servicio del aseo urbano”, indicó.

Destruyen parques José Ramón Delgado, oceanógrafo, se refirió a la intervención de los parques nacionales con construcciones como mansiones de lujo u hoteles para la explotación del turismo, que violan flagrantemente el Decreto 276 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales.

“Hay una moda de construir dentro de los parques nacionales que van en contra de la legislación. Esto está siendo amparado por personas de poder y el El Instituto Nacional de Parques de Venezuela (Inparques) no está actuando para sancionar e impedirlo” , comunicó.

Indicó que en los parques nacionales se pueden disfrutar y ejercer el turismo aprovechando los espacios protegidos, pero está prohibido la construcción. “No puedes construir un hotel dentro de un parque nacional porque deberían ser espacios intocables, están protegidos para garantizar algo importante que es nuestra biodiversidad. Ahí están todos los recursos genéticos para nuestra alimentación, está nuestra fauna, nuestra flora y el sistema de parques nacionales de Venezuela es el esfuerzo de varias generaciones, allí está la biodiversidad que garantiza el agua, vital para la vida”, expresó.

El Archipiélago de los Roques, es uno de los más afectados con estas construcciones permitidas por el Estado. El 25 de noviembre de 2020 la Fundación Azul Ambientalistas, denunció la construcción de al menos ocho obras a la orilla de la costa.

En 2020, el portal de periodismo de investigación Armando.info, informó sobre la construcción del Proyecto Turístico Urbanismo Lake Blue y el impacto negativo que tiene en el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare en el parque nacional Morrocoy, y el diario Tal Cual ese mismo año reseñó la construcción de mansiones de lujo en el cerro Ávila en Caracas.

Jorge Unda, experto en cuencas hidrográficas, informó que el Estado irrespeta las Áreas Bajo Régimen Especial (Abrae), en las que se ubican los parques nacionales y las zonas protegidas adyacentes a las cuencas hidrográficas, a pesar de ser un marco legal vigente desde 1977.

“Ese ecocidio ocurre también en zonas como la Cuenca Alta de Río Tocuyo, donde producto de invasiones y tala indiscriminada, están atentando contra el agua que consumen más de dos millones de personas en Lara, mencionó.

“Misión Árbol fue un fraude” Rubén Hurtado, ingeniero agrónomo y exdirector del Ministerio de Ambiente en Lara, considera que Venezuela está en mora con todos los planes de adaptación para combatir el cambio climático, uno de los más importantes es la reforestación de áreas.

“Una de las mejores estrategias para prevenir la presencia de los gases invernaderos es la reforestación. La vegetación juega un rol importante, el dióxido de carbono (CO2) que dentro de los gases es el más peligroso y además es el resultado de nuestra matriz energética que tienen los hidrocarburos. Ya sabemos la capacidad que tiene la vegetación de absorber el dióxido de carbono (CO2). Bueno cuando uno revisa que capacidad tuvo la Misión Árbol, yo puedo decirte que fue insignificante. En 2011 hubo un evento ambienta en Sanare con transcendencia nacional, y el Ministro del Ambiente anunció con bombos y platillos la siembra de 20 mil plantas para reforestar. Que significaba menos de cinco hectáreas”, expresó, una cantidad ínfima para lo que necesita reforestar una nación petrolera.

Sin investigación científica ambiental “Perdimos el Instituto Oceanográfico de Venezuela, ya no hay instalaciones”, expresó José Ramón Delgado, oceanógrafo. Este instituto se dedicaba desde 1960 a investigar los campos de biología marina, oceanografía, y biología pesquera en e país.

“En 2019 comenzaron los robos en la Universidad de Oriente y a la sede del Instituto Oceanográfico, se robaron hasta el techo. Se llevaron parte de los equipos que ya estaban obsoletos pero gracias a las labores del científico se mantenían operativos, destruyeron el 60% de la biblioteca que se encontraba en el lugar y el Estado no hizo nada ni para investigar ni para recuperar este centro de investigación”, expresó.

Sin capacidad de atender desastres Alicia Villamizar, bióloga, indicó que el Estado improvisa tanto en materia de políticas ambientales, que ni siquiera tiene vigente un plan para atender desastres naturales, y la mejor muestra es la poca capacidad de respuesta que tuvo para atender el deslave en Las Tejerías, Aragua, o las inundaciones en Caracas, La Guaira y Mérida en el último mes. 

“Ese desastre en Las Tejerías estaba advertido desde hace más de un año, el Inameh sabía que venía un periodo de lluvias fuertes, y que las comunidades más propensas a sufrir eran las que estaban a orilla de quebrada o en causes de los ríos”, refirió.

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